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Una propuesta entregada a la Cámara de Diputados, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVHED) propone polémicos cambios estructurales al Proyecto de la Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el cual fue aprobado por la Cámara Baja, el pasado 24 de mayo, para garantizar un hogar digno para las familias dominicanas.
El programa plantea que los propietarios de casas cobren una fianza para garantizar el pago de las facturas a las empresas de servicios públicos como energía eléctrica, agua o telecable. También un fondo para destinarlos a casas transitorias disponibles para aquellos que no puedan pagar su renta, así la iniciativa del gobierno contempla ayudar a los sectores más pobres de la región.
El MIVHED, dirigido por el ministro Carlos Bonilla, propone a la comisión especial de diputados que estudia la pieza que, al momento de hacer un contrato de alquiler, el propietario "pueda exigir" el pago de la fianza, que en ningún caso excederá el valor de los servicios públicos correspondientes a dos períodos consecutivos de la facturación.
Según el documento del organismo, el propietario "podrá abstenerse" de cumplir las obligaciones del contrato hasta que reciba la fianza para pagar los servicios y dispone que el contrato quedará terminado de forma automática si el inquilino no costea la fianza dentro de un plazo de quince días a partir del momento de la firma del contrato.
El proyecto tiene la finalidad de que el pago de los servicios sea asumido exclusivamente por el inquilino, pero cuando existan atrasos constantes en los pagos de alguno de estos servicios, la empresa afectada podrá exigir al propietario, la fianza que éste recibió cuando se firmó el contrato de alquiler.
También las empresas prestadoras de servicios de comunicación, agua y energía eléctrica no puedan negar la solicitud de nuevos contratos bajo el pretexto de facturas en atraso por parte de inquilinos o propietarios anteriores.
Se presentará un catálogo de viviendas para los inquilinos que se vean imposibilitados de pagar el alquiler y que, por ello, deban abandonar las casas que rentaron, una solución que ayudaría a las familias más necesitadas de la demarcación.
Así el MIVHED se propone proteger a los inquilinos "en su derecho a una vivienda sin afectar las condiciones financieras de los propietarios", siempre garantizando la protección de las familias, además de apoyo jurídico del Estado a quienes tengan que enfrentarse con propietarios que pretendan desalojarlos.
Según establece la propuesta, el alquiler de una vivienda no podrá superar el 1.5% del valor comercial del inmueble. En todos los casos el ajuste del precio será reglamentado por el MIVHED utilizando referentes de insumos de construcción, cambio en condiciones macroeconómicas y del salario mínimo.
Fuente: Diario Libre, Ministerio de Vivienda