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Política
Hugo Beras, quien fue director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), fue arrestado anoche tras un operativo realizado en su vivienda, que se prolongó por más de dos horas. Su abogada, Laura Acosta, confirmó la detención y expresó su descontento por la falta de documentación legal durante el allanamiento.
Este hecho se da en el contexto de una investigación relacionada con el contrato que Beras firmó con la empresa Transcore Latam, dirigida por el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi. Este contrato, que tenía como objetivo modernizar y gestionar el sistema de control del tráfico en el Gran Santo Domingo, ha sido objeto de críticas y se encuentra bajo escrutinio por irregularidades en el proceso de adjudicación.
Acosta, quien se quejó de que los fiscales no mostraron la orden de arresto ni el acta de allanamiento, calificó las acciones del Ministerio Público como un “abuso innecesario”. Según la abogada, las pruebas incautadas podrían carecer de validez jurídica debido a estas violaciones.
Beras fue llevado a la Procuraduría General de la República alrededor de las 11 de la noche, bajo un estricto dispositivo de seguridad, mientras que al menos dos vehículos fueron confiscados de su residencia. Previamente, Beras había manifestado que había solicitado una licencia de su puesto por las presuntas irregularidades relacionadas con el mencionado contrato.
Por su parte, Jochi Gómez fue detenido en la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) después de haber sido interrogado durante más de cuatro horas. Gómez, que es uno de los propietarios de Transcore Latam, se presentó a la cita judicial tras ser citado por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso. Su detención está relacionada con las graves irregularidades detectadas en el contrato que la empresa firmó con el Intrant.
Gómez ha sido acusado recientemente de sabotear la red semafórica de la ciudad, lo que generó un caos en el tráfico en días específicos. A pesar de ello, él ha negado tales acusaciones. La investigación sobre el contrato y las acciones de los implicados continúa, mientras que la Dirección General de Contrataciones Públicas también ha puesto en duda la legalidad de las operaciones de Transcore Latam, lo que ha llevado a sanciones contra los funcionarios involucrados.
Fuente: Diario Libre