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Gobierno
El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de la República Dominicana ha anunciado la ejecución inmediata de un plan integral de control migratorio que contempla repatriaciones masivas de hasta 10,000 migrantes haitianos por semana. Las autoridades argumentan que esta medida es necesaria para abordar el "exceso de población migrante" en las comunidades dominicanas. Sin embargo, la implementación de este operativo genera serias preocupaciones sobre los derechos humanos de los migrantes afectados.
A pesar de la promesa de que las repatriaciones se llevarán a cabo bajo estrictos protocolos de respeto a la dignidad de los repatriados, muchos cuestionan si el gobierno realmente garantizará estos derechos en la práctica. La lentitud del avance del apoyo internacional y de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití ha llevado al presidente Luis Abinader a tomar medidas drásticas, pero su enfoque parece más orientado a la seguridad nacional que a la protección de los derechos de los migrantes.
El plan del Gobierno, que incluye el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza y la desarticulación de redes de tráfico humano, es un intento de enfrentar un problema complejo con soluciones simplistas. Mientras se promete el uso de tecnología avanzada y la mejora de la infraestructura de los centros de control fronterizo, la realidad es que el enfoque represivo y la falta de un verdadero compromiso con la cooperación internacional y la protección de los derechos humanos son alarmantes.
El gobierno debe reflexionar sobre el impacto de sus acciones y asegurarse de que la soberanía nacional no se construya a expensas de la dignidad humana. La comunidad internacional también debe estar atenta a cómo se desarrollan estos operativos y asegurarse de que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas involucradas.
Fuente: Diario Libre