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Estados Unidos
El juez federal Adam Abelson, de Baltimore, suspendió parcialmente este viernes las disposiciones clave de los decretos firmados por el presidente Donald Trump en su intento de reducir las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la Administración Federal y en empresas estadounidenses. En un fallo extenso de 63 páginas, el juez determinó que Trump excedió sus poderes constitucionales con estos decretos. Además, en una resolución de tres páginas, el juez dictaminó la suspensión de algunas de las normas impuestas por el presidente.
Los decretos de Trump no solo atacaban las políticas de diversidad e inclusión en agencias federales, sino que también amenazaban con excluir de la contratación pública a empresas que implementaran políticas que contravinieran las leyes. Este enfoque ha llevado a muchas compañías a omitir criterios inclusivos en sus procesos de contratación por temor a ser percibidas como discriminatorias.
La ciudad de Baltimore, la Asociación Nacional de Oficiales de Diversidad en la Educación Superior, la Asociación Americana de Profesores Universitarios, entre otros grupos, interpusieron una demanda, argumentando que los decretos eran inconstitucionales y excedían la autoridad presidencial. Por su parte, la Administración Trump defendió que el presidente solo apuntaba a los programas de DEI que violaran las leyes federales de derechos civiles.
El juez Abelson, nombrado por el presidente Joe Biden, falló parcialmente a favor de los demandantes, anulando partes clave de los decretos. Uno de los decretos de Trump, firmado el 20 de enero, ordenaba la cancelación de todos los programas considerados “discriminatorios”, incluidos los que fomentaban la diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA) en el gobierno federal. Trump había dado un plazo de 60 días a los jefes de agencias para implementar medidas, como la cancelación de contratos y subvenciones “relacionados con la igualdad”. El juez ahora impide la aplicación de estas disposiciones.
El segundo decreto, firmado el 21 de enero, obligaba a las empresas y contratistas a certificar que no implementaban políticas de diversidad discriminatorias. Además, requería que cada agencia federal identificara objetivos de investigación sobre políticas de DEI en empresas, universidades y otras organizaciones. El juez también suspendió la aplicación de estas cláusulas.
El Tribunal Supremo de EE. UU. mantuvo temporalmente en su puesto a Hampton Dellinger, jefe de la agencia federal encargada de proteger a los denunciantes en la Administración. Tras la decisión de una jueza federal que suspendió su despido, el Gobierno de Trump recurrió al Supremo para destituirlo inmediatamente. Sin embargo, los jueces del Supremo no tomaron una decisión definitiva, dejando la solicitud en suspenso, ya que la orden de la jueza federal expira en pocos días. La jueza Amy Berman Jackson ha programado una audiencia el miércoles para determinar si extiende su orden, y los magistrados del Supremo podrían revisar el caso dependiendo de su decisión.
Fuente: El País