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Pese a la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la controversial ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que fue criticada por vulnerar la libertad de prensa y de expresión, la Cámara de Diputados aún no ha avanzado con las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo desde mediados de 2024. El proyecto permanece estancado durante cuatro meses sin ningún avance significativo.
En noviembre de 2024, el Senado aprobó de manera unánime el proyecto de ley revisado de la DNI, y lo envió inmediatamente a la Cámara de Diputados. Desde entonces, la iniciativa no ha experimentado avances destacables, según el sistema de información legislativa. A pesar de que la propuesta fue recibida en noviembre, fue solo el 20 de marzo cuando la comisión encargada de su estudio la abordó brevemente.
Ramón Bueno, presidente de la comisión permanente de Defensa de la Cámara de Diputados, señaló el lunes que su equipo comenzará el análisis del proyecto en los próximos días. Explicó que la propuesta fue recibida hace aproximadamente 15 días y detalló que el proceso se originó en el Senado, donde se revisó tras negociaciones con el sector periodístico para modificar ciertos aspectos de la ley.
Aunque la revisión está en marcha, el legislador subrayó que el estudio no se realizará de manera apresurada. Cada miembro de la comisión deberá presentar sus observaciones antes de que se elabore un informe final recomendando la aprobación o el rechazo de la ley.
La controversia sobre la ley de la DNI comenzó en enero de 2024, cuando el Gobierno promulgó la Ley 1-24, que transformaba el Departamento Nacional de Inteligencia en una Dirección. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, el Tribunal Constitucional declaró la ley nula, alegando que no se aprobó correctamente en el Congreso.
Antes de la anulación, la ley ya enfrentaba fuertes críticas, particularmente de la Sociedad Dominicana de Diarios, que cuestionaba artículos que obligaban a los ciudadanos a entregar datos confidenciales a las autoridades sin la necesidad de una orden judicial.
Tras el fallo del TC y las críticas recibidas, el Poder Ejecutivo reformuló la ley y presentó un nuevo proyecto al Congreso, eliminando los artículos que afectaban la libertad de expresión y de prensa. Aunque fue aprobado sin dificultades en el Senado, el proyecto ahora espera el mismo destino en la Cámara de Diputados.
Fuente: Diario Libre