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El trágico colapso del techo en la discoteca Jet Set, que hasta el momento ha causado la muerte de 231 personas, ha puesto de manifiesto el deterioro estructural al que pueden llegar los edificios con muchos años de antigüedad, además de evidenciar un vacío legal en las regulaciones actuales.
Ante esta situación, tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional están trabajando en nuevas propuestas legislativas que buscan implementar controles más rigurosos, supervisión continua y severas sanciones para aquellos propietarios que no tomen en cuenta las fallas estructurales en sus propiedades.
Carlos Bonilla, Ministro de Vivienda y Edificaciones, anunció que el Gobierno está desarrollando un proyecto de ley para intensificar la supervisión de edificios antiguos, especialmente aquellos que reciben una gran cantidad de personas, como centros comerciales, escuelas, iglesias y locales de ocio.
"El marco legal actual solo regula las inspecciones durante la construcción, pero no contempla la supervisión de edificios una vez terminados", señaló Bonilla.
El nuevo proyecto incluirá parámetros técnicos que determinarán cuáles edificaciones deben someterse a revisiones periódicas, tomando en cuenta su antigüedad, tipo de uso y volumen de personas que las utilizan.
Esta legislación busca llenar el vacío normativo que, según el Ministro, quedó expuesto por la tragedia en el Jet Set.
En paralelo, el senador Pedro Tineo ha presentado una propuesta que ya está siendo discutida en el Senado. Esta iniciativa busca crear el Sistema Nacional de Supervisión de Obras Públicas y Privadas con más de diez años de antigüedad, un organismo encargado de realizar evaluaciones periódicas de edificaciones en todo el país, tanto del sector público como privado.
La propuesta establece inspecciones obligatorias cada dos años, con la emisión de un certificado de condición estructural que deberá ser visible en accesos colectivos como negocios, escuelas, hospitales y templos.
El proyecto de ley contempla un régimen de sanciones para los propietarios que incumplan las normativas de seguridad, que varían entre 50 y 1,000 salarios mínimos del sector público. Las infracciones incluyen la ocultación de información, la obstrucción de inspecciones o poner en riesgo la vida de las personas.
Además, las edificaciones serán clasificadas en cuatro niveles de riesgo, desde "Apta sin observaciones" hasta "Inhabilitada por riesgo estructural". Las construcciones en el último nivel podrían ser clausuradas temporal o permanentemente.
Las sanciones incluyen:
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Multas que oscilan entre 50 y 1,000 salarios mínimos.
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Clausura temporal o definitiva del inmueble.
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Suspensión de licencias de operación.
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Remisión a la Fiscalía en casos de negligencia grave o dolo.
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Notificación a aseguradoras, lo que podría afectar el acceso a coberturas.
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Publicación de las infracciones.
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Inhabilitación temporal para contratos públicos.
La propuesta también plantea la creación de una plataforma digital pública, que permitirá a los ciudadanos consultar el estado estructural de las edificaciones supervisadas y presentar denuncias. Las autoridades tendrán un plazo máximo de 30 días para responder.
Los proyectos del Ministerio de Vivienda y del Senado serán enviados a comisiones para su análisis y discusión antes de su presentación final ante el pleno legislativo.
Ambas propuestas coinciden en un objetivo común: la necesidad urgente de prevenir futuras tragedias mediante un mayor control estatal sobre las condiciones estructurales de las edificaciones en uso.
Fuente: Diario Libre