Fiscalía exige condenas firmes en emblemático juicio anticorrupción en República Dominicana
Ministerio Público busca penas ejemplares contra ex altos mandos militares implicados en red de corrupción
El Ministerio Público de República Dominicana solicitó a un tribunal del Distrito Nacional imponer condenas contundentes contra varios ex altos mandos militares acusados de corrupción y desfalco en uno de los casos más relevantes de los últimos años. El proceso judicial, que se desarrolla en marzo de 2026, está relacionado con las operaciones Coral y Coral 5G, donde se investigan desvíos millonarios de fondos públicos.
Acusados y contexto del caso Coral y Coral 5G
El procurador adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, destacó que se espera que el Primer Tribunal Colegiado no dicte sentencias simbólicas, sino sanciones firmes contra los principales implicados, incluidos los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola.
Las operaciones Coral y Coral 5G representan una compleja red de corrupción administrativa que, según las investigaciones, habría sustraído más de 4,500 millones de pesos dominicanos mediante mecanismos fraudulentos relacionados con instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Volumen de pruebas y bienes incautados
El Ministerio Público presentó un expediente extenso que incluye:
- 2,201 pruebas documentales.
- 141 peritajes técnicos.
- 282 testimonios de testigos y peritos.
- Más de 100 pruebas materiales.
Entre los bienes asegurados figuran 214 propiedades inmobiliarias, 86 vehículos de alta gama, relojes de lujo, armas de fuego, dinero en efectivo y equipos electrónicos.
Acuerdo de colaboración y decomisos millonarios
Wilson Camacho abordó también el acuerdo de colaboración firmado con Raúl Alejandro Girón Jiménez, uno de los acusados. El procurador aclaró que el pacto está formalizado en un documento presentado al tribunal y que el Ministerio Público ha cumplido con todos los compromisos establecidos.
“Ese acuerdo está consignado en un documento y fue puesto a disposición del tribunal para mayor claridad”, afirmó Camacho, quien subrayó que el proceso penal dominicano es mayormente oral, lo que explica la ausencia inicial de documentación escrita.
El acuerdo incluye medidas de decomiso de dinero y bienes, sustentadas en las pruebas presentadas durante el juicio.
Solicitudes del Ministerio Público y próximas etapas
Los fiscales solicitaron penas de hasta 20 años de prisión para los principales imputados, así como multas equivalentes a 400 salarios mínimos y el decomiso definitivo de los bienes relacionados con la red criminal.
Además, pidieron la disolución de varias empresas y entidades religiosas supuestamente utilizadas para ocultar activos ilícitos y legitimar recursos obtenidos de forma fraudulenta.
Wilson Camacho enfatizó que el objetivo es que los responsables rindan cuentas ante la justicia y que los recursos desviados regresen al Estado, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción en el país.
Para más información sobre la lucha contra la corrupción en República Dominicana, puede consultarse el portal oficial del gobierno en gob.mx.
Este caso representa un paso crucial en la judicialización de la corrupción en República Dominicana y refleja el compromiso del sistema judicial para sancionar delitos que afectan el patrimonio público y la confianza ciudadana.
Image Source: https://diariodigitalrd.com/2026/03/27/fiscalia-exige-condenas-firmes-en-emblematico-juicio-anticorrupcion.html/
